La Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE) denuncia que a menos de un mes del final de año, aún no hay certezas respecto a la prolongación de la moratoria de cortes de suministros de energía y agua
Este final de año, una vez más, finaliza la moratoria a los cortes de suministro de electricidad, agua y gas. De no renovarse, los elementos necesarios para una vida digna volverán a dejar de estar asegurados por la administración. De hecho, ya hay familias a las que sus compañías suministradoras están enviando cartas en las que avisan de que en 2026 dejarán de estar protegidas ante los cortes de suministros básicos.
La Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE), que agrupa a una quincena de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con hogares en situación de pobreza energética, alertamos que ya existe una importante preocupación entre los hogares vulnerabilizados.
También afirmamos que el fin de la prohibición de cortes de suministros básicos atenta contra el acceso a una vivienda digna. En esta línea se pronunció este febrero en Comité Europeo de los Derechos Sociales, al afirmar que el Estado español había infringido elementos de la Carta Social Europea al denegar el acceso «estable, constante y seguro a una energía adecuada». Igualmente, la Directiva (UE) 2024/1711 del mercado de la electricidad de la Unión plantea que los Estados miembro deben garantizar la protección frente a las desconexiones de electricidad.
Desde la ReDE, recapitulamos, de no prorrogarse la prohibición de los cortes de suministro, se estaría incurriendo en la infracción de distintos textos normativos europeos, por parte del Estado español.
Es importante destacar que actualmente se está a la espera de la publicación de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) para el periodo 2026-2030. En el último borrador publicado, se mostraba cómo la prohibición de cortes fue la medida más priorizada en todos los espacios de participación asociados a la elaboración del documento. A pesar de que la ReDE aboga por una consolidación de la medida y su inclusión en las diferentes normas sectoriales de base, se considera necesario prorrogar dicha prohibición mientras esta consolidación no llega.
Sostienen desde esta red que ya hace un año existió la oportunidad de implementar de forma permanente la garantía de los suministros durante la tramitación del Real Decreto-ley 1/2025, para lo que había un amplio apoyo parlamentario, aunque, sin embargo, el documento acabó conllevando solo otra prórroga más.
Por ello, la Red estatal por el Derecho a la Energía afirma que, una vez más, se ve forzada a reunirse con los distintos grupos políticos para intentar garantizar que una gran cantidad de hogares puedan acabar el año sin temer que 2026 comience sin luz, sin agua o sin calefacción.
Miembros de la ReDE:
Aeioluz, Alianza contra la Pobreza Energética, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Coalición por la Energía Comunitaria, ECODES, Ecologistas en Acción, Ecoserveis, Energía Bonita, Enginyeria Sense Fronteres, Intiam Ruai, La Palma Renovable, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Socaire, Torreblanca Ilumina, Unión Renovables, Xarxa per la sobirania energètica
