La decisión del Tribunal Constitucional de limitar la protección contra los cortes de suministro prevista en la Ley catalana 24/2015 pone en riesgo una de las principales políticas públicas de protección frente a la pobreza energética en Cataluña y, por extensión, en el conjunto del Estado.
En lugar de ampliar derechos mediante herramientas que han demostrado funcionar —durante sus primeros cinco años, la ley catalana permitió evitar más de 200.000 cortes de suministro— y extenderlas al resto de los territorios mediante legislación estatal, se debilita una de las escasas iniciativas estructurales existentes en esta materia. Una norma que, además, nació gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con todo lo que ello representa en términos de participación ciudadana y consenso social.
Es cierto que actualmente existe una moratoria estatal de cortes de suministro para hogares vulnerables, fruto de las medidas del escudo social. Sin embargo, no se trata de un derecho consolidado, sino de una medida coyuntural vinculada al contexto de crisis de los últimos años. Su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2026 y presenta importantes limitaciones.
Una decisión que afecta a todo el Estado
El acceso a la energía debe ser un derecho. La ley catalana 24/2015 suponía un avance en esa dirección y decisiones como esta lo alejan por una cuestión competencial. Lo más preocupante es que, en lugar de replicar y extender una política pública que ha demostrado su eficacia, se anula precisamente uno de los mejores ejemplos existentes de protección frente a la pobreza energética.
Aunque el impacto directo de esta sentencia se produce en Cataluña, la onda expansiva alcanza al conjunto del Estado. Lo que está en juego no es únicamente una ley autonómica, sino el modelo de protección que queremos construir para garantizar el acceso a suministros básicos a todas las personas.
La respuesta de las organizaciones sociales
La Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) y Socaire formamos parte de ReDE (Red Estatal por el Derecho a la Energía), junto a numerosas organizaciones que trabajan en todo el territorio para defender los derechos energéticos de la ciudadanía. Seguiremos apoyándonos mutuamente y trabajando de forma coordinada para que ningún hogar quede desprotegido y para defender que el acceso a la energía sea reconocido como un derecho y no tratado como un privilegio.
Desde Socaire nos adherimos a la campaña impulsada por la APE y el resto de entidades sociales que defienden una protección efectiva frente a la pobreza energética y un modelo energético que sitúe los derechos de las personas por encima de cualquier otro interés.
