En un contexto en el que millones de hogares en el Estado español siguen sin poder mantener sus viviendas a una temperatura adecuada, surge la Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE): una alianza de organizaciones sociales y del ámbito energético, entre las que desde Socaire tenemos el orgullo de formar parte, que une fuerzas para garantizar que la energía deje de ser un privilegio y se reconozca como lo que es: un derecho básico.
Durante años, las entidades que hoy conformamos la ReDE hemos trabajado de forma independiente pero con un mismo horizonte: erradicar la pobreza energética, fortalecer la participación ciudadana en la transición energética y construir comunidades más resilientes y justas.
Con la creación de esta red, damos un paso más: articular una voz común y coordinada que pueda incidir de manera efectiva en las políticas públicas.
Un contexto que exige respuestas ambiciosas
El Gobierno presentó el pasado 11 de septiembre el borrador de la nueva Estrategia Nacional de Pobreza Energética (ENPE 2026–2030), un documento que debería marcar la hoja de ruta para los próximos años. Sin embargo, tras analizarlo detenidamente, desde la ReDE consideramos que el texto actual no responde a la urgencia ni a la magnitud del problema.
A día de hoy, el 20,8% de la población española no puede mantener su hogar caliente en invierno, según datos de Eurostat. Detrás de esta cifra hay millones de personas para quienes encender la calefacción, usar un electrodoméstico o pagar la factura de la luz sigue siendo un reto mensual. Frente a esta realidad, necesitamos políticas públicas valientes, concretas y medibles.
Qué es la ReDE y por qué nace
La ReDE nace como un espacio estatal de coordinación entre organizaciones que llevamos desde 2020 impulsando proyectos, acompañando a familias en situación de vulnerabilidad, reclamando y peleando por medidas que garanticen el derecho a la energía.
El objetivo de estas cerca de 20 organizaciones es doble: consolidar las conquistas sociales logradas en los últimos años, como la suspensión de cortes de suministro durante periodos crítico, y lograr avances estructurales que aseguren un acceso justo, seguro y sostenible a la energía. Queremos que la voz de la ciudadanía y de las entidades sociales esté presente en la definición de políticas públicas.
Por eso, la ReDE se constituye también como un espacio de incidencia y vigilancia activa de las medidas que se aprueben en materia energética.
Las medidas que proponemos: hacia un cambio real
Desde la ReDE hemos presentado un paquete de alegaciones al borrador de la nueva ENPE con medidas clave que consideramos imprescindibles para garantizar el derecho a la energía y reducir la pobreza energética:
Prohibición de cortes de suministro y condonación de la deuda
Prohibición explícita de los cortes de suministro a hogares vulnerabilizados y condonación de la deuda acumulada, evitando que miles de familias queden atrapadas en una situación de exclusión energética permanente.
Automatización total del Bono Social eléctrico
Eliminando trámites innecesarios y mejorando la coordinación entre servicios sociales y comercializadoras, para asegurar que ningún hogar elegible quede fuera de las ayudas.
Redefinición del concepto de “cliente vulnerable”
Con el objetivo de incluir también a quienes están en el mercado libre y actualmente quedan fuera de las protecciones vigentes.
Programas específicos y dotados de recursos propios
Para la rehabilitación energética de viviendas de familias en situación de vulnerabilidad, garantizando que las ayudas lleguen realmente a quienes más las necesitan.
Participación efectiva y vinculante
Una participación efectiva y vinculante de la ciudadanía y de las entidades sociales en la toma de decisiones, acompañada de mayor transparencia y accesibilidad en todo el proceso.
Un llamamiento colectivo
Desde Socaire creemos que el derecho a la energía no puede depender del mercado ni del azar, sino de la responsabilidad colectiva de garantizar unas condiciones de vida dignas para todas las personas.
La creación de la ReDE es un paso firme en esa dirección: sumar fuerzas para que la transición energética sea realmente justa, inclusiva y sostenible. Porque solo trabajando en red podremos transformar un sistema que aún deja a demasiadas personas atrás.
