Con motivo de la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética, las entidades que formamos parte de la Red Estatal por la Pobreza Energética (ReDE) hemos compartido públicamente nuestra preocupación por la situación actual: la pobreza energética no solo persiste, sino que continúa afectando a una parte muy significativa de la población.
La actualización de la Estrategia Nacional contra la pobreza energética acumula más de un año de retraso y la moratoria a los cortes de suministro por impago debe renovarse anualmente en el Congreso.
Desde la ReDE, integrada por 16 entidades con amplia experiencia en este ámbito, expresamos nuestro malestar tras ser convocadas a la presentación de la nueva Estrategia Estatal contra la Pobreza Energética (2026-2030), celebrada el martes 17 en la sede del MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). No es la primera vez que el Ministerio convoca a estas organizaciones con apenas uno o dos días de antelación (muchas de ellas siendo de fuera de Madrid) y sin información previa sobre el contenido de la reunión.
Además, denunciamos la ausencia de feedback por parte del Gobierno a nuestras aportaciones, pese a haber participado activamente en los procesos participativos, así como la imposibilidad de acceder al borrador. También señalamos que nuestras solicitudes de reunión con el Secretario de Energía no han sido atendidas, ni tampoco por otros miembros del MITECO.
Preocupación por la falta de medidas estructurales
En el desayuno con la prensa organizado este lunes, las entidades que conformamos la ReDE hemos expuesto nuestra preocupación ante el aumento de la pobreza energética y ante la falta de avances en la consolidación de la protección de los hogares vulnerables frente a los cortes de suministro, así como de otras medidas que consideramos claves y que ya estaban recogidas en la primera Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (2019-2024) y que no se llegaron a implementar.
Medidas como la mejora y automatización del bono social, la aplicación del principio de precaución frente a los cortes, la reformulación de la definición de hogar vulnerable (hoy sólo aplicada a las personas beneficiarias del bono social) o la implementación de una tarifa social, que no parece que vayan a estar incluidas en la nueva estrategia.
Contexto: Semana Europea de la Pobreza Energética
Del 17 al 23 de febrero tiene lugar la Semana Europea de la Pobreza Energética, durante la cual se da especial relevancia a una problemática que aún afecta a buena parte de la población de los distintos territorios del Estado español, haciendo que dejen de disfrutar de unas condiciones de vida adecuadas.
Socaire, y el resto de organizaciones que conformamos la ReDe, conocemos de primera mano sus problemáticas. Llevamos años, y especialmente desde la crisis energética de 2022, trasladando propuestas estructurales que ayudarían a solventar la problemática en el conjunto del Estado.
Pese a ello, estas reivindicaciones, que ya se aplican en algunas comunidades autónomas (como el principio de precaución en Catalunya) o en otros Estados miembros de la Unión Europea (como la automatización del bono social en Portugal), aún no se han implementado en España.
¿Por qué importa hablar de esto ahora?
En las últimas semanas hemos visto cómo la protección frente a la desconexión de suministros volvía a depender de decisiones parlamentarias coyunturales. La moratoria de cortes debe renovarse periódicamente, lo que genera incertidumbre constante en miles de hogares.
Desde la ReDE insistimos en que la protección frente a los cortes no puede depender de prórrogas anuales. Debe convertirse en una garantía estructural por ley.
Además, la Directiva del mercado de la electricidad de la Unión Europea que debe transponerse antes de junio establece precisamente la obligación de proteger frente a las desconexiones, reduciendo enormemente la incertidumbre de estos hogares vulnerables. Sin embargo, es una medida que no nos consta que se esté desarrollando en lo más mínimo. Los datos muestran que no se trata de una cuestión marginal:
- La última encuesta de condiciones de vida del INE indica que el 25,8% de la población residente en España en 2024 se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE)
- El 25,8% de la población residente en España en 2024 se encuentra
- Más de 4,8 millones de hogares se encuentran en situación de vulnerabilidad, viviendo con ingresos inferiores a 1.500€ mensuales.
- Los últimos datos de beneficiarios del bono social indican que solo 1,7 millones reciben el bono social eléctrico: aproximadamente el 35,5% de los hogares vulnerables.
A su vez, la figura del hogar en situación de vulnerabilidad severa en riesgo de exclusión social está reconocida en muy pocas comunidades autónomas. De los 7.760 beneficiarios, 6.310 son de Extremadura. 774 hay en Galicia, en Andalucía 362, de los que 333 son de Málaga.
A esto se suma otra realidad: muchas comercializadoras están reduciendo la atención presencial, dificultando trámites básicos como solicitar el bono social o resolver incidencias.
Próximos pasos
En los próximos meses se producirán varios hitos clave:
- Publicación oficial de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética
- Transposición de la directiva europea del mercado eléctrico
- Cambios en la atención presencial de las comercializadoras reguladas
Desde Socaire, junto al resto de organizaciones de la ReDE, seguiremos trabajando para que estas decisiones se traduzcan en protecciones reales para las personas. La transición energética solo será justa si nadie queda atrás.
