El día Europeo de lucha contra la pobreza energética nos recuerda que al menos 1.293.893 hogares sufrenestas situaciones en España.
El día Europeo de lucha contra la pobreza energética conmemora la tercera y última de las extraordinarias olas de frío que en febrero de 1956 recorrieron Europa.
Aquel invierno de 1956, Europa soportó unas heladas y un frío excepcional durante casi un mes, completando el invierno más duro desde que se tienen registros. Los -32ºC registrados el 2 febrero de 1956 en Estany-Gento (Lleida), es la temperatura mínima más baja de las que están registradas en el Banco Nacional de Datos Climatológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La pobreza energética no es un concepto nuevo. Desde los primeros trabajos realizados en los años noventa en el Reino Unido se plasma que un cierto número de hogares tienen dificultades para calentar sus casas, o para disponer de los servicios energéticos necesarios para poder desarrollar una vida saludable.
En los últimos años, especialmente a raíz de la crisis económica de 2008, el problema ha aparecido con más peso en las agendas políticas, tanto a nivel europeo como nacional. En el caso español, han contribuido a ello estudios como los realizados por la Asociación de Ciencias Ambientales o Economics for Energy, que a falta de indicadores oficiales en España sobre esta situación, han permitido calibrarla y observar su evolución, así como la presión social ejercida por colectivos como la APE -Aliança contra la Pobresa Energética- o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entre otras entidades, que han conseguido pequeños grandes logros desde el activismo social.
Larga espera para su reconocimiento
Por desgracia, nuestro país ha tardado mucho en tomar cartas en el asunto. Después de muchos años de invisibilización, cuando no de negación, de estas situaciones desde las instituciones, por fin en 2019 el Gobierno de España aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Se trata de un texto ambicioso que debe ser aplaudido, esperando sea desarrollado en todos sus términos, pero sobre todo, es el primer texto legal que reconoce la existencia de la pobreza energética como tal en nuestro país.
Hemos tenido que esperar hasta el año 2019 a pesar de que la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, remarco: de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, ya determinó en su artículo 3.7 que cada uno de los Estados miembros debía definir el concepto de cliente vulnerable, que podría referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos clientes en períodos críticos.
Hemos tenido que esperar hasta el año 2019 pese a que los indicadores no oficiales llevan advirtiendo, publicación tras publicación, que uno de los grandes efectos derivados de la crisis de 2008 es la afección de amplias capas de la población por pobreza energética.
Cuando en el año 2012 la Asociación de Ciencias Ambientales presentaba el primer estudio sobre la Pobreza Energética tenía varios objetivos, pero el primero y más importante de todos ellos era visibilizar una realidad que estaba oculta, poniéndola nombre e incorporándola al debate ciudadano, de las instituciones y de los medios de comunicación. Desde entonces han sido muchos los trabajos que han hecho referencia a estas situaciones. Los datos variaban según las diferentes fuentes, pero era incontestable que la dimensión de la situación no paraba de crecer.
La pobreza energética es además un fenómeno complejo que no sólo afecta a personas pobres, con escasos ingresos o en riesgo de exclusión social. Va mucho más allá y ha afectado a la denominada clase media que representan a una clase social que antes no se había visto en esta situación, que tiene especial dificultad para reconocerlo y para acudir a los servicios sociales o a las ONGs asistenciales y que, en muchas ocasiones, están siendo soportadas por el apoyo de sus familiares, invisibilizando estas situaciones.
El primer intento por adoptar medidas oficiales en la lucha contra la pobreza energética llegó al congreso en diciembre de 2013, pero la mayoría que sustentaba al gobierno de entonces tumbaba una propuesta legislativa de la oposición con varias medidas para abordar estas situaciones bajo el argumento de que la pobreza energética sólo era un problema que tiene relación con la destrucción de empleo.
Datos escandalosos
Los datos en aquel entonces ya indicaban que una de cada diez familias españolas sobrevivía sin iluminación ni calefacción, con las consecuencias que ello tiene para la salud.
Por desgracia, el 14 de noviembre de 2016 la pobreza energética saltó al primer plano mediático mostrando su rostro más cruel: una mujer de 81 años, Rosa, falleció debido a un incendio en su vivienda de Reus provocado por las velas que utilizaba al tener cortado el suministro eléctrico por impago. Fue uno de los casos más mediáticos, especialmente porque ya estaba en vigor la ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética de la Generalitat de Catalunya.
Una de la leyes más garantistas contra la exclusión en todo el Estado y en Europa, nacida de la Iniciativa Legislativa Popular de vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, que contó con un amplio apoyo social –cerca de 150.000 firmas- y que fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios.
El artículo 6 de la ley catalana 24/2015 impone a las empresas energéticas el deber de notificar a los servicios sociales de los Ayuntamientos el inminente corte de suministro con el objeto de ver si los afectados están en situación de exclusión social, necesitando la autorización de estos para proceder al corte. Sin embargo, esta protección solo está vigente en Catalunya, y una gran parte de la ley fue tumbada por el Tribunal Constitucional por invadir competencias del estado. Por suerte, las disposiciones referidas a los cortes de suministro siguen en pie, pese a que las compañías, como sucedió en el caso de Rosa, no las cumplen.
El caso de Rosa, solo es el ejemplo extremo de los impactos negativos sobre la salud de las personas que supone sufrir estas situaciones. Debido a la falta de confort higrotérmico de la vivienda y/o al riesgo de impago y desconexión, las personas desarrollan enfermedades que en los casos más graves pueden suponer la muerte prematura. Ya en un estudio de 2011, la oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifraba en 38.200 las muertes prematuras anuales asociadas a la pobreza energética en 11 países europeos. En España, la Asociación de Ciencias Ambientales ha estimado que la pobreza energética podría ser responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año, en función de la mayor o menor dureza de los inviernos o veranos. Una cifra más elevada que la de víctimas mortales de accidentes de tráfico en carretera (1.098 personas en 2019, 870 en 2020). Pese a ello, es evidente que son muchos más los medios que se dedican a disminuir la mortalidad ligada a estos últimos que a la pobreza energética.
Los efectos sobre la salud son muy importantes, no solo por el incremento de la mortalidad, sino también por otros problemas derivados como el estrés, la depresión o el absentismo laboral o escolar, que, como en tantos otros casos, sufren más las mujeres mayores, las familias monomarentales y las migrantes, además de las criaturas, que en sus primeros estadios de desarrollo tienen problemas para ganar peso y desarrollan con gran facilidad enfermedades respiratorias.
El bono social como solución única ante estas situaciones
Hay quienes incluyen la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética como un paso más en la lucha contra la pobreza energética en España, que indican se inició con la aprobación del bono social eléctrico en 2009.
El bono aprobado en 2009 por el Ministerio de Industria otorgaba un porcentaje de descuento en las facturas eléctricas a las familias numerosas, a las que tenían a todos sus miembros en paro, a los hogares con pensiones mínimas y a los clientes con una potencia inferior a 3 kW.
Ligarlo a la renta per cápita de los hogares debía resultar engorroso de gestionar y con aquella legislación se beneficiaron del bono social eléctrico multitud de hogares que en ningún caso se podrían considerar vulnerables, generándose además una curiosa situación: se aplicaba en multitud de segundas residencias por el simple hecho de tener potencias contratadas inferiores a 3 kW. Es por ello, que resulta difícil considerar, sino es desde una perspectiva muy buenista, este primer formato de bono social eléctrico como una medida de lucha contra la pobreza energética.
Desde el 2009, el bono social ha sufrido dos grandes modificaciones aunque ninguna ha conseguido, por desgracia, fijar una suficiente protección adicional a los consumidores vulnerables para garantizar el derecho al suministro de electricidad, que es el propósito con el que nació. Cabe reconocer que su última reforma, de octubre de 2018, si incluyó un criterio de renta para la mayoría de los casos, con excepción de las familias numerosas que son beneficiarias del mismo sean cuales sean sus ingresos.
Con la última reforma, el Gobierno apuesta por el bono social como la gran herramienta de lucha contra la pobreza energética en nuestro país, en espera de la aplicación del resto de medidas que figuran en la estrategia nacional.
Se pueden hacer muchos análisis sobre las deficiencias en el desarrollo y la aplicación del bono social, que afloran en el momento en que se observan los escasos hogares beneficiarios: en torno a 1,5 millones, frente a los potenciales a los que reconoce la ley pero no acceden a él: unos 5,5 millones. Muchas familias no saben siquiera de su existencia o que deben estar en el mercado regulado para poder solicitarlo o, por ejemplo, confunden, o les hacen confundir, descuentos en sus facturas del mercado libre con el bono social.
Ligeros avances que no son suficientes
A raíz de la actual crisis del COVID-19, desde el Gobierno se han tomado algunas medidas de emergencia para garantizar los suministros de electricidad, agua y gas de los hogares vulnerables, en lo que podría denominarse como una “tregua pandémica” de los cortes. A su vez, se ha ampliado el número de colectivos beneficiarios del bono social. Estas medidas pueden tapar instantáneamente algunas urgencias, y la vertiente mediática de la situación, pero no la atajan, ya que, en muchos casos, las deudas se perpetúan y cuando decaen las medidas extraordinarias, muchos hogares se ven nuevamente en la situación previa. Si la situación actual requiere que se garanticen los suministros para los hogares vulnerables, ¿en qué situación no es necesaria esta garantía?
En la actualidad, al menos 1.293.836 hogares que, según el último ‘Boletín de indicadores eléctricos’ elaborado por la CNMC, están en situación de pobreza energética en España esperan que se tomen medidas estructurales, ambiciosas, que no decaigan al cabo de unos meses. Porque hay hogares que necesitan con urgencia soluciones mientras se desarrollan las grandes actuaciones que prevé la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.