El 8 de marzo millones de mujeres en todo el mundo protagonizamos una huelga feminista para hacer visibles nuestros trabajos, nuestras demandas y nuestros cuerpos. Volveremos a demostrar que impulsamos y desarrollamos propuestas e ideas para pensar en otras vidas y otro mundo.

Nuestras vidas siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad, por procesos de exclusión derivados de nuestros empleos, la expulsión de nuestras viviendas, el racismo, por la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados.

Edición de fotografía de Abigail Keenan. (Unsplash)

Estas palabras son un fragmento del manifiesto de la comisión feminista 8 de marzo de Madrid que fue leído en todas y cada una de las movilizaciones que aquel día tuvieron lugar. En el manifiesto no se hizo referencia expresa a la vulnerabilidad energética, pero, ¿existe una relación entre vulnerabilidad energética y la desigualdad de género que nos rodea actualmente? O dicho de otra manera, ¿el género es actualmente un factor de riesgo para sufrir pobreza energética que no está siendo considerado?

Si recordamos que de los más de 1.700 millones de personas que viven en situación de pobreza en el mundo, al menos el 70% son mujeres, la respuesta intuitiva es que sí.

Un análisis simple y simplista nos hace recurrir  a los roles “tradicionales” de la mujer para justificar este nexo. Si la mayor parte del consumo de energía requerida para usos domésticos (cocción de alimentos, iluminación y calefacción) así como para la actividad agrícola de subsistencia lo realizan mayoritariamente las mujeres en la mayor parte del planeta, esto hace que la falta de acceso a la energía agrave esa carga y con ello afecte a su salud, el desarrollo de sus capacidades y les imposibilite ejercer sus derechos en plenitud.

Profundizando más allá de esta aproximación cualitativa, responder esta pregunta implica adentrarnos en factores como el análisis de la feminización de la pobreza, la falta de políticas públicas que incorporen el género de manera transversal y la necesidad de datos efectivos para la investigación que iluminen la desinformación, corroboren la hipótesis inicial y, por lo tanto, sirvan para reivindicar una desigualdad existente y se traduzcan en la incorporación efectiva de la desigualdad de género como factor agravante y de riesgo ante la pobreza energética.

En el informe del Parlamento EuropeoGender Perspective on Access to Energy in the EU” de 2017, para el caso de España, y a pesar de la escasez de información segregada que denuncia este y otros estudios, existen distintos elementos que apuntan a una especial incidencia de esta brecha de género en la cobertura de las necesidades energéticas de las españolas. El más relevante de ellos tiene que ver con el porcentaje de gasto en servicios energéticos sobre el total de ingresos anuales. Según apunta el informe, los datos de nuestro país en este aspecto muestran una situación de mayor vulnerabilidad para las mujeres en prácticamente todos los casos. Así un 15% de las españolas menores de 65 años gastan más de 10% de sus ingresos anuales en las facturas de la energía, y hasta un 7% han de dedicar más del 15%. En el caso de las mujeres mayores de 65 años, la cifra se dispara hasta el 26% para el primero de los apartados y el 12% en el segundo. Se trata de valores notablemente por encima del promedio total de la UE, que se sitúa en torno al 3% y el 4% de gasto dedicado a servicios energéticos sobre la renta total anual para los hogares con altos ingresos, y el 9% para las familias con mayores dificultades.

En este sentido, resulta especialmente significativa la aportación del estudio de 2017 de Ingeniería sin fronteras (ESF) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE): “Desigualdad de género y pobreza energética. Un factor de riesgo olvidado”. En el mismo se indica que en la ciudad de Barcelona, el 70% de las subvenciones otorgadas para la lucha contra la pobreza energética tuvieron a mujeres como beneficiarias. Cifras muy notables teniendo en cuenta que la principal función de estos programas de ayuda es aliviar el gasto energético de las personas con mayores problemas económicos, por lo que se trata de subvenciones ligadas a la existencia de ciertas condiciones de vulnerabilidad en los consumidores. Una de las conclusiones del estudio de ISF y APE es que a escala de Catalunya, las familias monoparentales (encabezadas por la madre en un 80 % de los casos), las mujeres mayores de 65 años, las migradas y las trabajadoras del servicio doméstico son los colectivos con un riesgo más elevado de sufrir pobreza energética.

Siguiendo con las cifras en España,  en el “Estudio técnico sobre pobreza energética en la ciudad de Madrid”, publicado por Ecologistas en Acción en 2016, se indica que el 23% de la población madrileña se encuentra en riesgo de pobreza energética. Según los datos de esta investigación,  de los hogares madrileños detectados como más vulnerables, más de la mitad tienen una mujer como sustentadora principal. Así, la investigación constata que la vulnerabilidad asociada a la pobreza energética aumenta hasta el 31,8% en el caso de los hogares liderados por mujeres, siendo de hasta el 44,6 % en el de los hogares unifamiliares de mujeres mayores de 65 años, o hasta el 51,2% en el de los hogares monoparentales configurados por una mujer con uno o más hijos al cargo.

Por ello, el conocimiento derivado de estos estudios no solo debe repercutir en la definición de políticas en materia de vulnerabilidad y vivienda asociadas a la pobreza energética, sino que debe hacer que las políticas públicas incorporen el sesgo de género en la soluciones que se propongan.


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